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La propuesta de que la Organización Mundial del Comercio -OMC- abra negociaciones sobre comercio electrónico que impondrían límites a las regulaciones que puedan adoptar los Estados, como por ejemplo exigir el acceso al código fuente de un programa, significaría “prohibir políticas públicas en beneficio de la seguridad informática de los países”. Así señaló Pablo Viollier, analista de Políticas Públicas, de la organización Derechos Digitales de Chile, al participar en un webinar sobre la OMC y el comercio electrónico que se enmarca en los preparativos de los Diálogos por una Internet Ciudadana.