Las tierras forestales, por los recursos naturales que sustentan y por los valores sociales y ecológicos que contienen, están sujetos a una especial protección productiva, vigilancia y actuación de los poderes públicos. Por eso, la propuesta legislativa establece que el Estado vele por la conservación, protección y administración de los ecosistemas forestales nativos y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los múltiples productos generados en dichos ecosistemas de acuerdo con el principio de desarrollo sustentable de los recursos naturales renovables y el uso racional de los no renovables.