Darío Aranda
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al pueblo mapuche”. El texo “La lucha indígena no es delito” fue una respuesta a un documento oficial del ministerio de Seguridad de la Nación, que plantea “la problemática mapuche” como “violenta” y que –en base al discurso de las empresas– acusa a las comunidades de asentarse donde están las petroleras, algo que encendió la alerta por una posible represión en la zona de Esquel y en Vaca Muerta.